La Cámara Argentina de Ingenieros Agrónomos analizó el impacto de una posible adhesión a UPOV91 y planteó interrogantes sobre regalías, desarrollo tecnológico, edición génica y el equilibrio entre semilleros y productores.
La discusión por la propiedad intelectual en semillas volvió a instalarse con fuerza en la agenda agropecuaria argentina luego de las referencias incluidas en el reciente Acuerdo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Argentina. En ese contexto, la Cámara Argentina de Ingenieros Agrónomos (CADIA) difundió un extenso informe en el que analiza la eventual adhesión del país al convenio internacional UPOV91 y sus implicancias para el sector productivo.
El documento sostiene que el debate no puede reducirse a una mirada simplista entre innovación o atraso, sino que debe contemplar cuestiones técnicas, económicas, legales y estratégicas vinculadas al futuro del agro argentino.
Una ley con más de 50 años
Argentina cuenta actualmente con la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, sancionada en 1972. Para CADIA, el solo paso del tiempo abre el interrogante sobre si corresponde actualizar la norma o, en cambio, fortalecer su cumplimiento y fiscalización.
Uno de los puntos centrales sigue siendo el uso ilegal de semillas, conocido como “bolsa blanca”, práctica cuestionada por la industria semillera. Desde otra visión, también se plantea que el único pago del productor debería darse al momento de comprar la semilla fiscalizada, quedando a riesgo empresario la inversión posterior en investigación y desarrollo.
Qué es UPOV y por qué genera debate
La UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) es un convenio internacional creado en 1961 para proteger los derechos de los obtentores vegetales. Tuvo reformas en 1972, 1978 y 1991.
Actualmente, solo 77 países del mundo adhieren al sistema. Argentina ingresó en 1993, pero bajo el acta UPOV78. No adoptó la versión UPOV91, que amplía los derechos del obtentor, extiende plazos de protección hasta 20 años y avanza sobre el producto cosechado y derivados.
CADIA remarca que allí aparece el principal conflicto: el mayor peso del “derecho del obtentor” frente al tradicional “privilegio del agricultor” para guardar semilla de uso propio.
¿Más protección significa más tecnología?
Uno de los argumentos habituales a favor de UPOV91 es que una mayor protección intelectual incentivaría más inversión y más variedades disponibles para los productores.
El informe cita una comparación realizada por el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, donde Brasil registró 954 cultivares de soja en tres años frente a 102 en Argentina. También muestra mejores rindes promedio en las últimas dos décadas.
Sin embargo, CADIA advierte que esos resultados no pueden explicarse solo por el régimen de semillas. También pesan otros factores como:
- Derechos de exportación.
- Inestabilidad macroeconómica.
- Política agroindustrial pendular.
- Mayor superficie agrícola brasileña.
- Uso intensivo de maíz y rotaciones.
- Biocombustibles.
- Malezas resistentes.
- Diferencias logísticas y comerciales.
“Los aumentos de producción y rendimiento no pueden atribuirse exclusivamente al uso de determinadas semillas”, sostiene el trabajo.
El nuevo escenario: edición génica y epigenética
Otro punto fuerte del informe es que UPOV91 fue sancionada hace 35 años y no contempla avances científicos actuales como la edición génica (CRISPR), la epigenética o los bioestimulantes.
CADIA destaca que Argentina fue pionera en regular la edición génica sin insertar ADN extraño, permitiendo desarrollos de pymes y centros tecnológicos locales. También menciona que Brasil, Estados Unidos, Japón, Chile, Colombia y Paraguay avanzaron en marcos flexibles para estas tecnologías.
Según la entidad, el futuro agrícola combinará genética mejorada con adaptación local. En ese sentido, resalta el valor de la semilla guardada por el productor, que puede incorporar una “memoria ambiental” generada por condiciones de suelo, clima y manejo.
Semilla propia o semilla comprada
El informe plantea ventajas y desventajas de ambos modelos:
Semilla guardada
- Mayor adaptación al lote propio.
- Memoria frente a sequías o estrés ambiental.
- Menor costo directo.
Semilla certificada
- Mayor sanidad y vigor inicial.
- Mejor germinación.
- Acceso a genética más reciente.
- Resistencias nuevas y mejoras de rinde.
En la práctica, muchos productores combinan ambos esquemas renovando una parte del material todos los años.
Buscar equilibrio entre empresas y productores
CADIA advierte que existe una fuerte asimetría de poder entre grandes compañías semilleras y productores individuales, por lo que cualquier cambio legal debería contemplar mecanismos de equilibrio.
También remarca que muchas firmas semilleras hoy forman parte de grupos vinculados al negocio agroquímico, lo que agrega complejidad al debate.
Entre los modelos ya vigentes menciona:
- Sembrá Evolución, sistema de licencias privadas entre obtentores y productores.
- Siembra por contrato, acuerdos comerciales anticipados entre productores e industrias o compradores.
El desafío pendiente de la Ley de Semillas
El informe concluye que Argentina arrastra más de 30 años de discusión sin consensos definitivos sobre una nueva Ley de Semillas.
Para CADIA, el problema no es solo normativo, sino también político e institucional: falta decisión para hacer cumplir las reglas existentes y generar una legislación moderna que combine innovación, competencia, derechos de propiedad intelectual y sustentabilidad productiva.
“La ley no puede ser para un momento. Debe basarse en principios éticos y en los intereses permanentes del país, no en intereses circunstanciales”, resume el documento.
Fuente: CADIA
