Durante una reunión de la Mesa Sectorial Avícola de la CGT, dirigentes sindicales analizaron la situación del Grupo GTA–Granja Tres Arroyos–Wade y acordaron solicitar una audiencia con la Jefatura de Gabinete y los gobernadores de las provincias involucradas para destrabar el conflicto, garantizar el pago de salarios y preservar los puestos de trabajo.

Secretario general de UATRE, José Voytenco

Por Pablo Molina + IA

La crisis que atraviesa el Grupo GTA–Granja Tres Arroyos–Wade continúa sumando capítulos y mantiene en estado de incertidumbre a cientos de trabajadores del sector avícola. En ese contexto, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) participó de una nueva reunión de la Mesa Sectorial Avícola de la CGT, donde junto a dirigentes sindicales de todo el país resolvió solicitar la intervención del Gobierno nacional para avanzar en una salida al conflicto.

La representación de UATRE estuvo encabezada por su secretario general, José Voytenco, acompañado por la secretaria de Organización, Natalia Sánchez Jauregui; el secretario de Cultura, Capacitación y Deporte, Sebastián Cañete; y el subdelegado de la Delegación Gran Buenos Aires, Fabián Bernárdez.

Durante el encuentro se analizó la situación que atraviesan los trabajadores del grupo empresario, que desde hace meses denuncian atrasos en el pago de salarios, incumplimientos de acuerdos alcanzados con la empresa y una marcada falta de información sobre el estado financiero de la compañía. La incertidumbre impacta de manera directa sobre cientos de familias que dependen de la actividad.

Como resultado de la reunión, UATRE y la CGT acordaron impulsar una audiencia urgente con el Jefe de Gabinete de la Nación y con los gobernadores de las provincias donde la empresa posee plantas productivas, con el objetivo de coordinar acciones que permitan preservar las fuentes laborales y encontrar una solución definitiva al conflicto.

Una crisis que se profundizó en los últimos meses

Granja Tres Arroyos es una de las principales empresas avícolas de la Argentina y desde hace décadas ocupa un lugar estratégico dentro de la cadena de producción de carne de pollo, con establecimientos distribuidos en distintas provincias y una importante participación en el mercado interno y de exportación.

Sin embargo, durante los últimos meses la compañía comenzó a atravesar un fuerte deterioro económico y financiero que derivó en dificultades para afrontar el pago de salarios, tensiones con proveedores y conflictos laborales que se fueron agravando con el paso del tiempo. La situación generó protestas, audiencias entre las partes e intervenciones de distintos sindicatos vinculados a la actividad, preocupados por el futuro de miles de empleos directos e indirectos que dependen del funcionamiento de la empresa.

En la reunión de la Mesa Sectorial Avícola, la propia cámara empresaria del sector sostuvo que la avicultura argentina no atraviesa una crisis estructural, sino que las dificultades están concentradas en la realidad particular del Grupo GTA. Para UATRE, esa definición confirma que la empresa debe asumir la responsabilidad por la situación y avanzar en una solución para normalizar su funcionamiento.

«No es aceptable que quienes sostienen la producción todos los días carguen con las consecuencias de esta crisis empresarial», afirmó el secretario general de UATRE, José Voytenco, al término del encuentro.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la denuncia de prácticas antisindicales por parte de la empresa. Según expusieron los representantes gremiales, algunos trabajadores sufrieron descuentos salariales por haber participado en medidas de reclamo vinculadas al cobro de sus haberes, una situación que fue rechazada por las organizaciones sindicales presentes.

Desde UATRE remarcaron que continuarán utilizando todas las herramientas gremiales e institucionales disponibles hasta que la empresa regularice el pago de los salarios adeudados, respete los derechos laborales y brinde garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo.

La decisión de solicitar la intervención del Gobierno nacional refleja la preocupación que genera el conflicto dentro del movimiento obrero, que considera prioritario encontrar una salida consensuada para evitar un mayor impacto social y productivo en una de las empresas más importantes de la industria avícola argentina.