La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ve positivamente las medidas
anunciadas ayer por el gobierno nacional, relacionadas con la eliminación y reducción de
los derechos de exportación.


Desde hace meses venimos advirtiendo sobre una situación crítica para el sector
agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas. Por esta razón, el
jueves pasado, tras una reunión entre las entidades, solicitamos públicamente un “alivio
fiscal” y alertamos sobre la grave crisis que atraviesa el sector como consecuencia de una
combinación de factores internos y externos.
Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera
definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector
productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni
siquiera logra cubrir los costos de producción.


La eliminación de este impuesto no debe sólo ser una medida transitoria, sino un
cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el
desarrollo genuino. Desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado
más de 200 mil millones de dólares en retenciones. Creemos que ha llegado el
momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las
provincias que generan riqueza y empleo.


Sostenemos que estas medidas son un paso positivo en la dirección correcta. La
eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida
fundamental para cientos de productores que están asxiados y necesitaban de este
alivio. La baja de alícuotas para los otros productos va en el sentido correcto, aunque
siempre pregonaremos por la eliminación definitiva.
Rearmamos que para potenciar al campo como motor económico del país es
fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la
infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el
desarrollo sostenible del sector.
Por último, hacemos un llamado a la clase política para que estas decisiones sean parte
de una política de Estado que priorice el desarrollo productivo del interior del país y el
bienestar de todos los argentinos.