El Poder Ejecutivo debió suspender el Decreto 690 que desregulaba el practicaje marítimo tras cuatro días de parálisis total en los puertos. Intimaciones, el freno al comercio exterior y el choque de la teoría libertaria contra la realidad logística.

Lo que comenzó como otra jugada audaz en la mesa de diseño del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, terminó convirtiéndose en una de las derrotas políticas e ideológicas más contundentes para la administración de Javier Milei. Luego de cuatro días de tensión que paralizaron los puertos de todo el país, el Gobierno debió dar marcha atrás y suspender el Decreto 690/2026 que buscaba desregular el servicio de practicaje marítimo y fluvial .

La medida pretendía eliminar regulaciones históricas, flexibilizar la obligatoriedad del uso de prácticos —los profesionales expertos encargados de guiar el ingreso y egreso de buques por las complejas vías del Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay— y liberar la contratación a capitanes extranjeros mediante declaraciones juradas. El argumento oficial apuntaba a «bajar el costo argentino».La respuesta del sector fue fulminante.

La firmeza técnica frente a la presión oficial

A diferencia de las medidas de fuerza tradicionales encabezadas por estructuras gremiales, los más de 500 prácticos actuaron como profesionales independientes: simplemente dejaron de aceptar nuevos servicios aparándose en los riesgos de seguridad náutica y en los informes de la propia Prefectura Naval Argentina que advertían sobre los peligros de navegar en zonas críticas sin guía especializada.

En cuestión de 72 horas, más de 140 buques quedaron varados desde el complejo agroexportador de Timbúes y el Gran Rosario hasta terminales clave como Dock Sud, Bahía Blanca, Zárate-Campana y Quequén. La parálisis puso en jaque las exportaciones del campo, la logística de combustibles vinculada a Vaca Muerta y amenazó con pérdidas estimadas en hasta 100.000 dólares diarios por buque detenido.

Frente al colapso, la primera reacción del Poder Ejecutivo fue apostar a la confrontación. A través de la Prefectura Naval, el Gobierno envió intimidaciones masivas a los profesionales para forzarlos a retomar las tareas bajo amenaza de sanciones. Sin embargo, la estrategia falló. Los prácticos mantuvieron su postura, respaldados en la imposibilidad técnica de arriesgar embarcaciones millonarias en aguas someras o de corriente compleja.

El repliegue y la firma de la tregua

Con los fletes desviándose hacia puertos de Montevideo y Brasil y la amenaza concreta de un freno al ingreso de divisas, la Casa Rosada entendió que la logística estratégica no cedía ante la presión administrativa.

El desenlace se formalizó con la publicación del Decreto 716/2026 , mediante el cual el Gobierno suspendió oficialmente la desregulación de Sturzenegger y convocó a una mesa de trabajo intersectorial. A cambio, los prácticos accedieron a una rebaja del 20% en las tarifas vigentes, demostrando que el canal del diálogo comercial era viable sin necesidad de alterar los esquemas de seguridad náutica.

El conflicto dejó al descubierto el primer gran límite operativo del programa desregulador de la era Milei: cuando las reformas teóricas afectan arterias neurálgicas de la economía y chocan contra sectores técnicos consolidados, la urgencia de la realidad termina imponiéndose a la velocidad del decreto.